INTERESANTE ENTREVISTA A JAVIER GALPARSORO, Presidente de la comisión española de ayuda al refugiado en euskadi. Fuente: Diario Noticias de Alava. 15 de mayo de 2005.

"La regularización de inmigrantes del año pasado sirvió para destapar la hipocresía de este país"

¿Qué le sucede a un inmigrante cuando un país le cierra las puertas y le niega los permisos?

El tema es complejo. Extranjeros son todos los que no son nacionales, obviamente, y pueden venir en diversas condiciones. Pueden venir como refugiado, como residente, como estudiante, como turista como trabajador... hay diferentes estatus jurídicos. Si nos referimos al acceso, ahora mismo, el mero hecho de entrar en nuestro país se ha convertido en una aventura y en un riesgo. No es fácil que una persona que no es comunitaria pueda llegar a entrar en Europa. La mayor parte de los países exigen un visado, de manera que los extranjeros deben primero dirigirse a la embajada para tramitarlo. Las embajadas piden documentos para realizar la operación y si la persona no dispone de ellos se le niega el visado y nunca podrá llegar a su destino. Para venir como turista, por ejemplo, uno de los requisitos que pueden exigirse es justificar medios propios de vida para el tiempo de la estancia, lo que significa disponer de 30 euros por día y persona. Como la estancia máxima es de 90 días imagina lo que puede suponer para un matrimonio con dos hijos que venga a pasar unas vacaciones de tres meses. 10.800 euros. Un dineral.

¿Qué sucede si no dispone de ese dinero y se lo exigen?

Necesita un acta de invitación notarial. Una persona, nacional, puede invitarle y comprometerse a atenderle durante la estancia. Esta es una de las maneras en que muchos extranjeros logran llegar a España. Pero es que además existen otros requisitos. Pueden pedirte que justifiques los motivos del viaje, que presentes un billete cerrado de ida y vuelta, un seguro de accidentes de hasta 30.000 euros... si no tienes alguna de estas cosas puedes no llegar a embarcar o incluso llegar a una frontera y encontrarte con que te rechazan. Incluso presentando la documentación. Puedes tener el acta, el billete, razones justificados y un seguro y el funcionario de fronteras puede decir que no se fía de los motivos de entrada y devolver a la persona directamente a su punto de origen en el primer vuelo disponible.

¿Esta práctica es habitual?

Es muy habitual. Es más, puedo decir que ahora mismo, en este instante, en el aeropuerto de Barajas, se está produciendo lo que se llama un retorno en frontera. Hay ocasiones en que devuelven un vuelo entero. Como suena. Llega un pasaje completo de un país, la Policía sospecha que quieren quedarse por motivos distintos a los que aparentan y los rechazan. Les llevan a una sala y les mantienen allí hasta que les reenvían a su país. Esto se produce constantemente. Hablamos del criterio discrecional del estado receptor. Ellos son nuestros invitados, nosotros les acogemos o no en función de nuestra conveniencia. Evidentemente, esa conveniencia es proporcional al tamaño del bolsillo del visitante. A nadie se le ocurre que a Ronaldinho, a quien se le aplica la Ley de Extranjería igual que a un vendedor de CD, se le vaya a poner pegas de ningún tipo. Ahora mismo estoy pendiente de la resolución del caso de una chica ecuatoriana que había invitado a sus padres, dos personas de sesenta y tantos años, a pasar las vacaciones con ella después de siete años de estar aquí. Pues la embajada española en Quito les ha negado el visado. Está desolada.

¿Sucede también en Euskadi con los vuelos procedentes del extranjero que hacen escala en Londres o París en lugar de en Barajas o en El Prat?

Es más difícil porque no hay vuelos directos a Euskadi desde los países de origen, pero si los hubiera desde luego que pasaría. Pero si se ha hecho un control previo, la criba se hace en el primer aeropuerto de llegada. Aquí ha pasado, pero de forma más aislada.

¿Qué nuevos problemas le aguardan al inmigrante una vez traspasada la frontera?

Ahí llega la segunda parte. Ahora mismo, la única posibilidad que tiene un inmigrante de legalizar su situación sería solicitar un permiso de trabajo en el plazo de tres meses desde su día de llegada. Si alguien quiere contratar a esa persona podría iniciar un trámite denominado autorización de residencia y trabajo, aunque ello tampoco garantiza que te lo vayan a conceder, porque para el trabajo que le ofertan no puede haber ni un solo español en paro en la misma actividad que se pretende. De hecho, uno de los requisitos es un certificado del INEM que acredite esta circunstancia. En el momento en que surja un solo español en paro dentro de la categoría, se le rechaza el permiso. Aunque el empleador pueda suponer o saber que realmente nadie va a ocupar el puesto porque no interesan las condiciones laborales o salariales.

¿Quien contrata carece de derecho a elegir al trabajador si se trata de una persona extracomunitaria?

Ahí está el problema, que al extranjero no se le puede elegir. Hay que sortear una serie de tramites legales. Nuestro país, en general, es extraordinariamente estricto en esta protección del mercado de trabajo, mucho más que otros países en donde las facilidades son mayores una vez que las personas cruzan la frontera. España es muy severa con sus leyes migratorias, tanto en la entrada como en la permanencia. El que no está legal es ilegal y se acabó aquel proceso de regularización del año pasado que permitió aflorar una bolsa importantísima de ilegales y destapar la enorme hipocresía de este Estado. 600.000 extranjeros obtuvieron permiso de trabajo. Esos mismos que ahora deben superar el listón de la situación nacional de empleo. ¿Cómo es posible que el año pasado se concediera una documentación que ahora se deniega cuando la situación es idéntica?

¿Que recomendación haría al extranjero que se encuentra inmerso en el proceso de obtención de papeles?

La reflexión es que, antes de venir, se asegure muy bien de saber a qué viene. Es mejor que se quede en su país esperando la respuesta del permiso porque si el proceso le pilla aquí, durante todo ese tiempo va a estar en situación ilegal y corre el riesgo de que le expulsen.

¿Hay que conceder papeles a todos?

Eso es impensable. En el mundo en el que vivimos tanto el extranjero como el nacional debe de tener una ocupación y unos medios de vida que garanticen que su estancia aquí no va ser pasiva y que no va a subsistir de las ayudas sociales o de las instituciones públicas. Puedo entender que la admisión indiscriminada de inmigrantes provocaría un conflicto realmente grave, pero las leyes deben de ser mucho más flexibles. No hablo de papeles para todos, pero sí digo que si una persona tiene trabajo y un empleador le necesita y sabe que no puede contratar a otra persona nacional, debería existir un mecanismo mucho más ágil para que pudiera trabajar con nosotros. Hay determinadas ocupaciones que si no fuera por los extranjeros no podrían cubrirse. ¿Quién cuida de nuestros ancianos, de nuestros enfermos o de nuestros niños? ¿Quien empuja los carritos de bebé o lleva de la mano a los abuelos? Muchos de ellos son inmigrantes, porque los nacionales no quieren estos trabajos y estas gentes son muy cariñosas, muy sufridas, vienen con lo puesto, muy necesitadas, muy ahorradoras... ¿A esa gente? Por supuesto que papeles para todos ellos.

¿Vivimos en un país hipócrita?

Para mí, el proceso de regularización puso en solfa la hipocresía del Estado. ¿A qué grado de deterioro habíamos llegado cuando España había consentido tener más de un millón de personas ilegales que llevaban entre nosotros varios años sin opción a nada? Menos mal que alguien, con buen criterio, decidió que había que sacar toda esa bolsa de irregulares a flote, porque entre otras cosas era un fraude para la Seguridad Social y para Hacienda, además de un drama. Ahora contribuyen con sus salarios y las cotizaciones son impresionantes. Ha crecido espectacularmente el número de cotizantes, en gran medida gracias a los extranjeros. Está claro que ellos quieren trabajar, que tienen ganas, que tienen fuerza y que tienen capacidad. Pero ahora estamos en lo de siempre. Se exige para los irregulares un periodo mínimo de espera de tres años de cara a poder legalizar su situación. Esto es una invitación al zulo y a que haya un montón de gente oculta trabajando de forma clandestina a la espera del premio.

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